El artículo propone crear un sistema único y centralizado de información que identifique y localice los derechos conferidos por el Estado a privados en el territorio, como concesiones mineras, derechos de agua, RCAs y ocupaciones prediales. El autor explica que hoy los desarrolladores de proyectos mineros y de energía deben consultar múltiples autoridades para conocer los derechos que coexisten en un área. Sugiere que los Conservadores de Bienes Raíces y el Ministerio de Bienes Nacionales cataloguen los predios fiscales, lo que reduciría costos de transacción y ayudaría a detectar derechos especulativos.