El artículo analiza la norma aprobada por la Convención Constitucional según la cual la justicia arbitral será siempre voluntaria y la ley no podrá establecer arbitrajes forzosos. El autor sostiene que eliminar el arbitraje forzoso es un retroceso frente a la tradición del artículo 227 del COT y que, a la vez, la norma suprime el arbitraje prohibido, lo que revela una deficiente técnica legislativa. Advierte además que vedar el arbitraje en asuntos de los Tribunales Administrativos afectaría el sistema de concesiones de obras públicas.