A partir de las recientes OPA sobre Sura y Nutresa, el texto analiza las restricciones que el Decreto 2555 de 2010 impone al emisor durante una oferta pública de adquisición. El autor contrasta esas prohibiciones con el papel activo que tienen los administradores en mercados desarrollados para negociar o bloquear ofertas. Plantea que la regulación puede impedirles cumplir sus deberes fiduciarios previstos en la Ley 222 de 1995 y propone revisarla.