El texto analiza la Ley 2195 de 2022, que regula desde el derecho administrativo la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción. La autora considera acertado que el legislador descarte la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en coherencia con el carácter de última ratio del derecho penal señalado por la Corte Constitucional. Añade que la ley contribuye a descongestionar la justicia penal y evita conflictos entre la ley penal y la administrativa.