El texto examina la seguridad jurídica de los proyectos de transmisión eléctrica, cuya expansión resulta clave para la transición energética. El autor cuestiona la interpretación del artículo 85 de la Ley 143 de 1994 según la cual el inversionista asume todos los riesgos, frente a la Resolución 180924 de 2003 del Ministerio de Minas y Energía, que permite aplazar la fecha de puesta en operación por fuerza mayor o demoras en la licencia ambiental. Propone que el Estado y el sector privado detallen y objetiven esas causales para incentivar la inversión.