El texto aclara las diferencias entre los contratos de fomento del artículo 355 de la Constitución y los convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, figuras que suelen confundirse. Con base en sentencias del Consejo de Estado de 2020 y 2021, el autor explica que los primeros apoyan programas privados acordes con los planes de desarrollo y solo se celebran con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, mientras que los segundos permiten a las entidades públicas cumplir sus funciones con la colaboración de cualquier persona jurídica. Recomienda a las entidades estatales estudiar con detalle esa jurisprudencia.