El Acuerdo de Escazú entra en vigor en Colombia

El artículo examina los efectos de la declaración de constitucionalidad del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional colombiana. La autora describe las nuevas obligaciones que el tratado impone al Estado y a las empresas privadas en materia de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia desde las primeras etapas de los proyectos sujetos a licenciamiento. Concluye que la efectividad del acuerdo dependerá de una reglamentación razonable y proporcional por parte del Gobierno Nacional.