Responsabilidad penal del empresario

El artículo aborda los criterios de imputación de responsabilidad penal a miembros de junta directiva y administradores por delitos cometidos por trabajadores de la compañía. El autor articula el análisis en torno a tres categorías dogmáticas: la elevación del riesgo permitido, derivada del incumplimiento de deberes fijados en estatutos, manuales de funciones y normas jurídicas; el principio de confianza legítima, que exige demostrar que no hubo déficit en la selección o delegación ni alertas para desconfiar; y la prohibición de regreso, que atribuye el resultado a la acción dolosa posterior de un tercero. Concluye que la responsabilidad dependerá de que el empresario no pueda alegar confianza legítima y de que su rol le impusiera conocer la intención delictiva de sus empleados.