El texto analiza la reforma al artículo 110 del COPCI introducida por la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que excluye el costo del flete de la base imponible de los derechos arancelarios. La autora examina el supuesto conflicto con la Decisión 571 de la Comunidad Andina y el riesgo de controles posteriores para los importadores. Concluye que, como el Acuerdo sobre Valoración de la OMC deja a cada país decidir si incluye los gastos de transporte, Ecuador no vulneró norma supranacional alguna y alivió la carga de los operadores de comercio exterior.