¿Se pueden restringir derechos mediante la aplicación directa de la Constitución?

El artículo comenta la sentencia 1364-17-EP/23 de la Corte Constitucional, en la que se discutió si cabe aplicar directamente una norma constitucional para definir el alcance del tipo penal de peculado y extenderlo a quienes no tienen la calidad de servidor público. La autora expone los argumentos de la mayoría, basados en la supremacía constitucional, y se adhiere a uno de los votos salvados por considerar que el principio de legalidad exige que las infracciones y sus sanciones consten en la ley penal. Advierte que la decisión deja abierta una puerta a la arbitrariedad.