Las autoras advierten que Francia impone la facturación electrónica a partir de septiembre de 2026 en un contexto de ciberataques contra instituciones públicas y de transposición incompleta de la Directiva NIS 2. Explican que la arquitectura del sistema, centrada en plataformas acreditadas que procesan datos de miles de empresas, concentra riesgos de seguridad y de protección de datos personales, pese a exigencias como ISO 27001 y SecNumCloud. Recomiendan reforzar los contratos con derechos de auditoría, reversibilidad y gestión de incidentes, y concluyen que la reforma es también un proyecto de gobierno de datos.