El artículo analiza las reformas fiscales mexicanas orientadas a gravar las actividades de las plataformas digitales, que según los autores se adoptan de forma anticipada a los consensos de la OCDE y dificultan la aplicación del MLI. Describen las obligaciones de IVA impuestas en 2020 y 2021, que desnaturalizan el principio de territorialidad, y el nuevo aprovechamiento de la Ciudad de México sobre la intermediación digital. Concluyen que existe una presión recaudatoria excesiva que desincentiva la inversión en nuevas tecnologías.