El texto analiza, desde el derecho de la competencia, el pacto anunciado por el gobierno mexicano con empresas para contener la inflación. El autor explica que la fijación de precios máximos exige una declaratoria previa de la COFECE sobre falta de competencia efectiva, y que los acuerdos entre competidores para no subir precios o el intercambio de información pueden constituir prácticas monopólicas absolutas conforme a la LFCE. Propone que la COFECE y el gobierno diseñen mecanismos de diálogo con el sector privado que no impliquen riesgos de infringir la ley.