El autor, que declara asesorar a la empresa británica Atome, argumenta que el debate público sobre la planta de fertilizantes verdes de Villeta quedó atrapado en la discusión tarifaria y pierde de vista el efecto de desarrollo local. Sostiene que la electricidad barata debería usarse para comprar desarrollo antes que para vender kilovatios, y que la formalización del empleo es el aporte central del proyecto. Concluye que la seguridad jurídica que exige el financista es la misma que necesita el comercio local, y que el mejor aporte del Estado no es un decreto sino no derogar el siguiente.
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