El artículo comenta la decisión del Congreso, plasmada en la Ley 31380, de negar al Ejecutivo facultades para legislar sobre el régimen tributario minero. El autor coincide con esa negativa por la falta de sustento técnico y el riesgo de perder competitividad, dado que el government take peruano ya es alto en la región. Propone que cualquier reforma futura se centre en fortalecer la institucionalidad, mejorar la ejecución del canon y regalías y prevenir conflictos sociales.