El artículo describe la apertura del sector petrolero venezolano en 2026, impulsada por la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la flexibilización del régimen de sanciones de EE.UU. Menciona estructuras como el contrato de Eni para Junín-5 y la operación de Nabep, así como las licencias generales de OFAC y la Orden Ejecutiva 14373. Explica que la ley venezolana define si una inversión es posible, mientras la arquitectura de sanciones determina si sus flujos pueden moverse por el sistema financiero internacional. Concluye que el reto actual es de arquitectura transaccional y bancarización, no solo de acceso al mercado.