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Telecom/Telefónica: el condicionamiento impuesto por la ANC
Los autores analizan la resolucion del 17 de junio de 2026 por la que la Autoridad Nacional de la Competencia subordino la aprobacion de la adquisicion del control exclusivo de Telefonica Moviles Argentina por Telecom Argentina al cumplimiento de remedios estructurales y conductuales, conforme al articulo 14 (b) de la Ley de Defensa de la Competencia 27.442. Repasan el recorrido del procedimiento -una medida de tutela anticipada luego suspendida en sede judicial, un Informe de Objecion y el Dictamen 48551898 recogido por el Tribunal de Defensa de la Competencia- y detallan el analisis de ocho mercados de telecomunicaciones, con preocupaciones en telefonia movil, acceso a internet residencial, servicios corporativos y ciertos mercados mayoristas, por la eliminacion de un competidor independiente y la acumulacion de infraestructura esencial. El condicionamiento obliga a transferir a un adquirente una base minima de seis millones de clientes moviles junto con el espectro necesario, a celebrar acuerdos de comparticion de red, roaming y acceso a infraestructura por al menos tres años, y a desinvertir unos 211.400 abonados de internet residencial en 28 localidades. En servicios corporativos y mayoristas se imponen obligaciones de no discriminacion, acceso en condiciones justas y razonables, prohibiciones de exclusividad y compromisos de transparencia, en general por cinco años. La operacion quedara aprobada en firme solo cuando se perfeccionen las desinversiones, los acuerdos esten operativos y un Agente de Monitoreo independiente certifique que no hay incumplimientos graves pendientes.
La Autoridad Nacional de la Competencia, un hito para la competencia en Argentina
El texto analiza la constitución de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) mediante el Decreto 810/2025, publicado el 17 de noviembre de 2025, que materializa una previsión de la Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442 que había permanecido inactiva desde 2018. Los autores detallan la integración del Tribunal de Defensa de la Competencia y de las secretarías de instrucción y de concentraciones económicas, y el rol del Decreto 803/2025 que eliminó el plazo de 60 días para el inicio de funciones. Explican además el paso previsto hacia un régimen de control de concentraciones previo al cierre a partir del 17 de noviembre de 2026 y la unificación de la autoridad en un único órgano descentralizado y autárquico.
