Investigación previa: límites temporales en favor de la seguridad jurídica
El autor denuncia la instrumentalización del derecho penal ecuatoriano en rencillas políticas, disputas reputacionales y cobros de deudas civiles, y el estigma que soportan ciudadanos con investigaciones abiertas durante años. Recuerda que la norma fija plazos de un año para delitos con pena máxima de hasta cinco años y de dos años para los demás, pese a lo cual algunos fiscales los extendían por analogía con los plazos de prescripción. Explica que la Sentencia Constitucional No. 54-21-IN/24 bloqueó esa interpretación al declarar que los plazos de la investigación previa son fatales y que su cumplimiento obliga al archivo.
La aporofobia en el derecho penal
El artículo aborda la aporofobia —el rechazo u odio hacia una persona por su condición de pobreza— como categoría emergente del derecho penal, incorporada al diccionario de la Real Academia Española en 2017. El autor compara el tratamiento español, que en 2021 la incluyó de forma taxativa como agravante en la parte general del Código Penal, con el ecuatoriano, que opta por la fórmula genérica de la discriminación. Sostiene que el artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal la acoge bajo el concepto de condición socioeconómica y valora esa aparición anticipada como un avance en la protección y visibilización de las personas en situación de pobreza.
