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Has published 5 articles in Legal Industry Reviews since 2024, across 1 country and 2 practice areas.
Main practice areasWhite-Collar Crime & Corporate Defense·Litigation and Dispute Resolution
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Cyber Harassment: Not a Press Offence?
El artículo comenta la sentencia de la Corte de Casación belga del 11 de febrero de 2026, que adopta una interpretación más restrictiva de la noción de delito de prensa y excluye en gran medida el acoso cibernético de su alcance. Los autores recuerdan que el artículo 150 de la Constitución belga reserva la competencia sobre los delitos de prensa a la Corte de Assises, tribunal que en la práctica solo se convoca para los crímenes más graves, con el resultado de que muchas conductas en línea quedaban impunes. Explican que la Corte anuló la decisión de la Corte de Apelación de Lieja y distinguió entre los delitos que atacan el contenido de una opinión expresada y aquellos en que la expresión en línea es apenas el instrumento de una conducta dañina, categoría en la que sitúa el acoso cibernético. Concluyen que la sentencia puede favorecer una persecución penal más efectiva del contenido nocivo en línea ante los tribunales penales ordinarios.
The General Criminal Sanction of Professional Disqualification
El artículo examina la inhabilitación profesional como sanción adicional de carácter general para personas naturales que introduce el nuevo Código Penal belga, con entrada en vigor el 8 de abril de 2026. Los autores contrastan el régimen anterior, en que la medida solo procedía en supuestos expresamente previstos por la ley —principalmente la legislación sobre drogas y ciertos delitos del Real Decreto N.º 22 de 24 de octubre de 1934, como la falsificación y el fraude—, con el nuevo esquema que permite imponerla en cualquier caso donde el infractor haya abusado gravemente de su rol profesional para delinquir. Detallan que la sanción alcanza únicamente la capacidad profesional utilizada indebidamente, se aplica con independencia del estatus laboral del condenado, se extiende de uno a cinco años y comienza a correr cuando la sentencia queda firme o tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, siendo su infracción constitutiva de delito. Concluyen que la coexistencia de las reglas sectoriales previas con la nueva sanción general podría afectar la coherencia y previsibilidad del sistema, dejando a los tribunales un papel decisivo en su aplicación práctica.
