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Morocco's Mining Code Reform: Five Regulatory Trends
El texto repasa cinco lineas de cambio en el marco minero marroqui establecido por la Ley 33-13 de 2015. La primera es el proyecto de Ley 72.24, que aclara el alcance del Codigo Minero y la frontera con la legislacion de canteras, simplifica permisos, admite una segunda renovacion trienal del permiso de investigacion sujeta a estudio previo de viabilidad y restringe cesiones y arrendamientos a los permisos de explotacion. La segunda es la responsabilidad ambiental de ciclo de vida, con garantias financieras de rehabilitacion y plan de abandono ya en la fase de exploracion, criterios que la licitacion de Tafilalet-Figuig incorpora a la evaluacion junto con la capacidad tecnica y financiera. La tercera es la transformacion de la agencia ONHYM en sociedad anonima mediante el proyecto de Ley 56.24. La cuarta es el catastro minero digital concebido como ventanilla unica desmaterializada, cuya puesta en marcha ha reasignado 277 permisos a 78 companias. La quinta agrupa las politicas sobre minerales estrategicos y valor anadido. El autor advierte que el efecto de todas ellas dependera de los reglamentos de desarrollo.
The Marrakech Declaration: Toward an African ESG Framework for Mining
El texto comenta la Declaración de Marrakech, adoptada en el Congreso Internacional de Minería de Marruecos (ICM 2025) y presentada como el primer marco ESG diseñado específicamente para la industria minera africana. El autor la sitúa dentro de una estrategia más amplia liderada por Marruecos, que incluye el Corredor OTC de trazabilidad y certificación de minerales y el proyecto de Ley N° 72-24 destinado a reemplazar la Ley N° 33-13 sobre minería. Explica que la iniciativa responde a la crítica de que estándares como los de la IFC y la directiva europea de diligencia debida fueron concebidos para economías desarrolladas y no reflejan la minería artesanal, la tenencia consuetudinaria de tierras ni las disparidades de capacidad administrativa africanas. Describe la arquitectura institucional prevista —secretaría técnica, comité de supervisión bianual y plataforma digital de certificación— y advierte que la adhesión sigue siendo voluntaria y que persisten dudas sobre su calendario y su eventual carácter vinculante.

