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The Draft EIA Amendment Notification 2026: Bridging the Institutional Gap
El texto analiza el proyecto de notificación que el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de India propuso para reformar la EIA Notification 2006 y agilizar la obtención de la Environmental Clearance. La autora explica la creación de la Standing Authority on Environment Impact Assessment y del Standing Committee on Environment Impact Appraisal, órganos que asumirían la evaluación de proyectos Categoría B cuando las autoridades estatales SEIAA y SEAC estén no operativas, problema que hoy deja a los proponentes en un limbo regulatorio con costos económicos y sociales reales. Describe además el mecanismo de escalamiento automático hacia los órganos centrales por el portal PARIVESH cuando un cuerpo estatal no evalúa una solicitud en 120 días, y la matriz de decisión del Apéndice VI revisado, que cubre seis escenarios con plazos definidos. Advierte, sin embargo, que la composición basada en miembros ex officio podría carecer de la pericia sectorial que exige una evaluación ambiental rigurosa, y que el borrador no aborda el deber de resolución fundada ni la divulgación pública de las decisiones.
Supreme Court Clarifies the Powers of the State Boards to Impose Compensation
El texto comenta la sentencia Delhi Pollution Control Committee v. Lodhi Property Co. Ltd., 2025 SCC OnLine SC 1601, en la que la Corte Suprema de India resolvió que los consejos de control de la contaminación pueden imponer y cobrar daños restitutorios o compensatorios, o exigir garantías bancarias, como medida ex ante bajo la Water Act de 1974 y la Air Act de 1981. La autora explica que el tribunal revocó el criterio del Tribunal Superior de Delhi al distinguir entre la reparación compensatoria del daño ambiental y la sanción punitiva de multa o prisión, reservada a los tribunales. Señala también que los consejos solo pueden actuar cuando han determinado que existe un daño ambiental causado o inminente, y que la decisión llama a una gobernanza basada en reglas y a mayor participación ciudadana mediante normativa que habilite denuncias.
