Instructivo MOP sobre prescripción en sus contratos: ¿Extralimitación a sus atribuciones?
El artículo critica el Ordinario N° 557 de junio de 2025 de la Dirección General de Obras Públicas, que instruye aplicar la prescripción civil extintiva tras el transcurso de más de cinco años en la gestión de deberes administrativos propios del MOP, como las recepciones contractuales o la liquidación del contrato. El autor sostiene que el instructivo vulnera el derecho de propiedad del contratista sobre montos ya incorporados a su patrimonio, quebranta los principios de legalidad y buena fe al premiar la desidia administrativa, y afecta la igualdad en la repartición de las cargas públicas. Recuerda además que la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 213077-2023, de diciembre de 2024, fija el cómputo de la prescripción desde la liquidación del contrato, en sentido contrario al instructivo, por lo que estima que este debe dejarse sin efecto.
Jurisprudencia relevante sobre construcción de obra pública y colaboración administrativa
El texto revisa la discusión sobre legitimación procesal pasiva en los juicios de construcción de obra pública celebrados mediante “convenios mandatos” del artículo 16 de la ley 18.091. El autor contrasta las dos líneas de la Corte Suprema —la que sitúa la responsabilidad en el órgano financista y la que la radica en la unidad técnica— y comenta la sentencia Rol 218.042-2023 de febrero de 2025, que condenó solidariamente a ambos órganos. Sostiene que ese criterio supera la dicotomía anterior y resulta más consistente con el principio de responsabilidad del Estado.
La buena fe en los contratos de concesión afectados por la pandemia por Covid-19
El artículo comenta los primeros fallos arbitrales dictados en Chile durante 2024 sobre contratos de concesión afectados por la pandemia de Covid-19, referidos al aeropuerto de Santiago y a un estacionamiento subterráneo. El autor explica que el sistema de solución de controversias de la Ley de Concesiones termina en una Comisión Arbitral de tres miembros con jurisdicción exclusiva sobre esos contratos. A partir de las diferencias fácticas y normativas de ambos casos, identifica un cuerpo de principios sobre la conmutatividad quebrantada y el deber de compensar que pesa sobre el Estado conforme al artículo 1.546 del Código Civil.
