Recent Trends in Corporate Litigation in Portugal
El texto repasa la evolución del litigio societario en Portugal en cuanto a sofisticación y volumen de casos. Los autores atribuyen ese desarrollo a la creación de tribunales de comercio especializados, a la mayor sensibilidad judicial hacia el gobierno corporativo tras la resolución de entidades bancarias en 2014 y 2015, a la densidad de la regulación portuguesa sobre derechos y deberes de administradores y socios, y a la existencia de procedimientos judiciales específicos para conflictos societarios. También describen el auge de las acciones colectivas como vía para exigir responsabilidad civil a los administradores, la creciente litigiosidad en torno al derecho de información de los accionistas y la consolidación del arbitraje como alternativa para disputas contractuales societarias.
Consumer Litigation in Portugal: Risks and Opportunities
El texto examina el auge de la litigación de consumo en Portugal a partir de la Directiva (UE) 2020/1828 sobre acciones colectivas, transpuesta mediante el Decreto-Ley 114-A/2023, que introduce reglas más estructuradas sobre legitimación, financiación por terceros y ejecución transfronteriza. Las autoras comentan también la nueva Directiva (UE) 2024/2853 de responsabilidad por productos defectuosos, que amplía la noción de producto al software y a los archivos digitales de fabricación y alivia la carga probatoria del consumidor. Concluyen que las empresas que apuesten por el cumplimiento, la transparencia y una estrategia procesal anticipatoria pueden convertir el riesgo litigioso en una ventaja competitiva.
The (Expected) Rise of ESG Litigation in Portugal
El artículo anticipa el crecimiento de la litigación ESG en Portugal y repasa los casos existentes, entre ellos las demandas vinculadas al Dieselgate, la denuncia de jóvenes portugueses ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra 32 países y las acciones de 2024 contra el Estado por incumplimiento de la Ley del Clima. Las autoras destacan las ventajas del sistema portugués de acción popular —mecanismo de opt-out, legitimación amplia, exención de costas y admisión de financiación de litigios— y el impulso que aportará la Directiva europea sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad. Señalan como principales obstáculos la prueba de la causalidad y la cuantificación de los daños.
