Ecological Damage from Pesticide Use: The State will Not Escape Its Responsibility
El artículo comenta la sentencia de la Cour administrative d'appel de París de 3 de septiembre de 2025, que reconoció la responsabilidad del Estado francés por el daño ecológico derivado del uso de productos fitosanitarios. Los autores destacan dos aportes: la admisión de la acción de reparación del daño ecológico del artículo 1246 del Código Civil contra una entidad pública ante la jurisdicción administrativa, y la valoración de los estudios científicos aportados por las organizaciones demandantes. Explican que el tribunal reprochó a la ANSES no basar sus evaluaciones en los datos científicos más recientes y le ordenó revisar en dos años las autorizaciones de comercialización concedidas sin ese estándar.
The European Public Prosecutor’s Office: a Future Player against Environmental Offences?
El artículo analiza la resolución europea adoptada por el Parlamento francés el 10 de junio de 2025, que propone extender las competencias de la Fiscalía Europea a los delitos ambientales. Los autores recuerdan que este órgano, operativo desde 2021, ha llevado más de 2.000 investigaciones por unos 20.000 millones de euros en perjuicios y que hoy se limita a fraudes y delitos financieros contra los intereses de la Unión. Citan estimaciones de Europol sobre los ingresos del tráfico de residuos y explican los tres ejes de la resolución, incluida la creación de una fiscalía verde europea. Advierten que su implementación debe cuidar los derechos de la defensa.
The European Public Prosecutor's Office: a Future Player against Environmental Offences?
El artículo analiza la resolución europea adoptada por el Parlamento francés el 10 de junio de 2025, que propone extender las competencias de la Fiscalía Europea a los delitos ambientales. Los autores recuerdan el mandato actual de esta institución, centrado en los intereses financieros de la Unión, y aportan cifras sobre la rentabilidad del tráfico de residuos para el crimen organizado. Explican las tres líneas de la resolución, entre ellas la creación de una "Fiscalía Verde Europea", y advierten que su implementación práctica deberá cuidar que no se debiliten los derechos de la defensa.
