La responsabilidad internacional del Estado colombiano por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
El artículo sostiene que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay compromete la responsabilidad internacional del Estado colombiano por incumplimiento del deber de garantía que le imponen la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. La autora recuerda que la Corte Interamericana ya ha condenado a Colombia por no adoptar las medidas necesarias pese a conocer la dimensión de la amenaza, y subraya que en este caso se exhibieron públicamente más de veinte peticiones de refuerzo del esquema de seguridad, todas denegadas. Concluye que la declaratoria de responsabilidad internacional corresponde a los tribunales internacionales de protección de los derechos humanos y es independiente de la responsabilidad penal individual de los autores del homicidio en el ámbito doméstico.
Directivos de las empresas en la boca del cañón
El artículo aborda la judicialización de directivos de empresas que fueron víctimas de extorsión por grupos armados ilegales en Colombia. La autora contrasta las posiciones de las tres jurisdicciones que conocen del asunto —Justicia y Paz, la justicia ordinaria y la JEP— y la aplicación de figuras como el concierto para delinquir, la financiación del terrorismo y la autoría mediata en aparatos organizados de poder, con referencia al Macro caso 8 y al caso Chiquita Brands. Critica que los tribunales hayan descartado la insuperable coacción ajena y advierte sobre el efecto de estas decisiones en el desarrollo económico.
