Claims Made y responsabilidad fiscal: ¿un debate superado que resurge?
El artículo comenta el fallo mixto URF1-0002 del 22 de junio de 2026 de la Contraloría General de la República, dictado a propósito de la transferencia de catorce lotes de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a un fideicomiso constituido por Aldea Proyectos S.A.S. y administrado por Itaú Fiduciaria. La autora explica que el ente de control declaró un detrimento patrimonial, vinculó a varias aseguradoras como terceros civilmente responsables y optó por acumular vigencias afectando pólizas que en principio no tenían cobertura temporal para los hechos, apartándose de la lógica del artículo 4 de la Ley 389 de 1997 y de su propia Circular 005 de 2020. Advierte que esa interpretación, sostenida en el artículo 335 de la Constitución, desestimula el apetito de riesgo del reasegurador y encarece las primas por la incertidumbre sobre la delimitación temporal del riesgo.
Consideraciones sobre el coaseguro
El texto comenta la sentencia SC435-2024 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre la vinculación procesal de las coaseguradoras. La autora recuerda que en el coaseguro cada aseguradora ampara a prorrata el mismo riesgo, de forma individual e independiente conforme al artículo 1095 del Código de Comercio, y que la cuota aceptada delimita su responsabilidad. Sostiene que la figura aplicable es el litisconsorcio facultativo y no el cuasinecesario, pues los actos procesales y la sentencia pueden tener efectos diferenciados para cada coaseguradora.
