Reformar, modernizar y perfeccionar: variaciones sobre un mismo tema
El artículo contrasta los cambios normativos radicales con los enfoques de corrección y perfeccionamiento, argumentando que estos últimos generan mayor estabilidad, aprovechan la experiencia acumulada y reducen la judicialización. El autor usa como ejemplo la reforma tributaria de 2014, que impuso un cambio completo de sistema, registros y estructura, y que debió ser ajustada en 2016 y sucesivamente en 2017, 2020, 2022 y 2024. Concluye que, en las múltiples áreas que Chile necesita reformar, conviene privilegiar la modernización gradual por sobre los giros bruscos.
Mejoras en lo público como acelerante de la inversión extranjera
El artículo sostiene que la inversión extranjera directa trae beneficios que exceden el aporte de capital y reconoce las ventajas comparativas de Chile en la región. Sin embargo, el autor argumenta que la permisología y la falta de una agenda real de modernización del Estado generan trabas y riesgos de corrupción que ahuyentan la inversión de mayor calidad. Valora la nueva ley de delitos económicos como un avance, pero critica que no se aplique al sector público y propone corregirlo junto con mejoras en contratación, evaluación de funcionarios y transparencia.
Decreto Ley 600: ¿Un retorno necesario?
El autor revisa las garantías que ofrecía el Decreto Ley 600, derogado en enero de 2016, entre ellas el libre retorno del capital, la libre remesa de utilidades, el acceso al mercado de divisas y ciertas invariabilidades tributarias. Argumenta que los hechos posteriores —el estallido social de octubre de 2019, los retiros de fondos de pensiones y los dos fracasos constitucionales— demuestran que quienes estimaron innecesario ese estatuto se equivocaron. Concluye que los tratados de protección de inversiones no bastan y que restituir seguridad jurídica reduciría la tasa de descuento exigida a los proyectos chilenos.
