27ma Conferencia de las ONU de Cambio Climático (COP 27)
El texto describe el contexto y la agenda de la COP 27, celebrada en un momento de emergencia climática agravado por la pandemia, la crisis energética y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los autores señalan que las partes no han cumplido los compromisos del Acuerdo de París y que la conferencia busca nuevos mecanismos de rendición de cuentas. Enumeran los fines prioritarios esperados, entre ellos el financiamiento sostenible y un fondo de compensación por daños ambientales.
Litigio climático en México
El texto sostiene que la falta de especialización ambiental del Poder Judicial de la Federación impide resolver con elementos técnicos y científicos adecuados las controversias en materia ambiental y climática. Los autores enmarcan el problema en la Agenda 2030 y en el carácter intergeneracional del derecho ambiental, con particular atención a los derechos de las generaciones futuras. Repasan cómo en otras jurisdicciones el litigio climático ha consolidado principios como la equidad intergeneracional y la legitimación activa amplia, y anticipan que será un tema cada vez más recurrente entre los juristas mexicanos.
Factores ambientales, sociales y cambio climático ganan terreno
El texto analiza la Herramienta de Autodiagnóstico ASG presentada en abril de 2022 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con el Instituto Global para el Crecimiento Verde y el Programa UK PACT. Los autores explican que se trata de un cuestionario voluntario que evalúa las prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo de entidades financieras y empresas listadas en la Bolsa Mexicana, apoyado en estándares como GRI, SASB y TCFD. Señalan que por ahora el reporte no conlleva sanciones y que quedan pendientes definiciones sobre periodicidad, monitoreo y alcance de la medición.
Se publica la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
El texto comenta la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2022. El autor explica que el ordenamiento reconoce el derecho colectivo sobre el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales, exige consentimiento libre, previo e informado para su uso y prevé infracciones y sanciones a cargo del INDAUTOR. Advierte que la equiparación de pueblos y comunidades abre un riesgo de autoadscripción y que la protección colectiva no ofrece un mecanismo efectivo para ejercer los derechos individuales de sus miembros.
