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El texto explica cómo el acoso por parte de clientes (kasuhara) pasó en Japón de ser un problema social a una obligación legal de prevención para los empleadores. El autor recorre el antecedente del power harassment regulado desde la reforma de 2019 a la Comprehensive Promotion of Labor Policies Act, la ordenanza del Gobierno Metropolitano de Tokio vigente desde abril de 2025 y la enmienda de junio de 2025 que eleva la prevención del acoso de clientes a deber legal, con aplicación a más tardar en diciembre de 2026. Sitúa el cambio en una transformación cultural que abandona la idea del “cliente como rey” en favor de la dignidad y los derechos humanos de los trabajadores, y describe las medidas exigidas a las empresas, como sistemas de consulta y respuesta ante incidentes.