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El texto examina la responsabilidad penal empresarial y la exposición del CEO y de la alta dirección, incluida la responsabilidad por omisión cuando no se adoptan controles internos razonables para prevenir delitos. El autor enumera las figuras más frecuentes —corrupción, lavado de dinero, defraudación fiscal, delitos ambientales, infracciones laborales y violaciones a la propiedad intelectual— y sostiene que los programas de compliance deben ser personalizados, operativos, documentados y trazables para poder atenuar o eximir responsabilidad. Contrasta las reformas de Chile, Perú y Brasil con el caso guatemalteco, donde la persecución penal se dirige a representantes legales y gerentes generales antes que a la persona jurídica. Concluye que el rol del CEO ya no es solo financiero o estratégico, sino también ético, preventivo y legal.
