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El autor relata un caso de fraude bancario ocurrido en 2021 contra clientes adultos mayores, mediante suplantación telefónica y redirección a un sitio web falso, que derivó en sustracciones, sobregiros y transferencias no autorizadas. Describe cómo el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró con lugar la demanda en 2024 sobre la base de la responsabilidad objetiva y del deber de custodia del banco, fallo confirmado por la Sala de Casación en setiembre de 2025. Vincula el caso con la Ley 10889, que regula la protección de las personas consumidoras en la custodia de su dinero por parte de entidades financieras.
