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El artículo describe cómo la digitalización del departamento jurídico de una empresa con operaciones globales deja de ser una moda corporativa para convertirse en una necesidad de gestión. Los autores explican que digitalizar los procesos contractuales aporta trazabilidad, reduce tiempos de respuesta y facilita auditorías, y que ello obliga al abogado interno a pasar de un rol de control a uno de socio estratégico del negocio. También repasan el marco normativo mexicano que habilita ese cambio —la NOM-151, la firma electrónica avanzada, la reforma de 2023 a la Ley General de Sociedades Mercantiles y los juicios en línea— y advierten que la implementación debe ser progresiva por la resistencia interna al cambio.
