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El artículo analiza la prohibición de prestar determinados servicios empresariales a entidades rusas prevista en el artículo 5n del Reglamento (UE) 833/2014 y su aplicación divergente entre los Estados miembros. Los autores explican que, a partir del 20 de junio de 2024, las matrices europeas y los proveedores externos necesitan autorización para asistir a filiales rusas 'privilegiadas'. Señalan que la autoridad alemana BAFA optó por una autorización general (la número 42) para destinatarios no sensibles, mientras la Comisión Europea sostuvo en abril de 2024 que las autorizaciones generales no son admisibles, lo que genera desigualdades entre empresas de distintos países y debilita la eficacia del régimen sancionatorio.
