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El autor analiza el efecto de la decisión del Tribunal Constitucional rumano del 26 de mayo de 2022, que anuló de facto la posibilidad de interrumpir el plazo de prescripción de la responsabilidad penal por falta de claridad y previsibilidad de la norma. Explica que la Alta Corte de Casación y Justicia, el 25 de octubre de 2022, resolvió con efecto obligatorio que esas disposiciones son de derecho penal sustantivo y por tanto retroactivas conforme al principio de mitior lex. Advierte que ello reduce a la mitad los plazos aplicables a los delitos cometidos antes del 30 de mayo de 2022 y pone en riesgo de prescripción unas 570 causas de corrupción.