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El artículo comenta la reforma al artículo 41.1 del Código Procesal Civil costarricense, cuyo nuevo inciso 3 establece la inversión de la carga de la prueba en favor de las personas consumidoras en casos de defensa del consumidor, ambiente, fraudes electrónicos personales y entidades financieras. El autor precisa que la reforma no equivale a una dispensa probatoria total: el consumidor conserva el deber de acreditar la afectación patrimonial y las circunstancias básicas de su reclamo. Advierte también sobre la inclusión de la materia ambiental, que carece de explicación en los antecedentes legislativos.
