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El texto sostiene que el aporte del abogado interno en proyectos de energía e infraestructura no se mide por su papel de control de riesgos o cumplimiento, sino por su capacidad de intervenir mientras las decisiones aún se están formando. La autora explica que, cuando el análisis jurídico llega tarde, opera sobre parámetros ya fijados y solo interpreta, mientras que la participación temprana permite definir alternativas, aclarar restricciones y ampliar el abanico de opciones viables antes de asumir compromisos. Describe cómo la práctica se adapta a distintos modelos de negocio —contextos de servicios con alto volumen transaccional frente a estructuras EPC/EPCI de larga duración— y cómo cumplimiento, reclamos y disputas son etapas de una misma realidad contractual. Concluye que la función legal pasa del control al soporte a la decisión, estructurando opciones en lugar de dar respuestas binarias.