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El texto plantea que el régimen sancionatorio en materia de protección al consumidor opera en ocasiones como una responsabilidad de mera constatación, en la que el incumplimiento formal desplaza el análisis de lesividad y proporcionalidad. El autor describe la heterogeneidad del sector minorista colombiano —grandes superficies, hard discount, farmacias, tiendas de barrio y plataformas digitales— y las obligaciones de información, calidad, garantía y publicidad responsable que impone la Ley 1480 de 2011. Propone, sin alterar los topes del artículo 61 de esa ley, una metodología de graduación basada en cuatro variables objetivas: tamaño empresarial según el Decreto 957 de 2019, gravedad de la infracción, alcance de la conducta y beneficio obtenido, junto con atenuantes verificables como la reparación temprana y la adopción de programas de cumplimiento.
