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El texto repasa el impacto de la sentencia del TJUE de 22 de noviembre de 2022 sobre el acceso público a los datos de beneficiarios finales (UBO) y el bloqueo posterior de los registros mercantiles europeos. El autor explica cómo la Directiva (UE) 2024/1640, adoptada en mayo de 2024 y aplicable desde julio de 2025, limita el acceso a quienes acrediten un interés legítimo, y describe las dificultades que ello genera para los proveedores de información empresarial. Analiza también la falta de una definición uniforme de interés legítimo y su posible fricción con el RGPD y con DORA, y cita el formulario en línea del registro francés como ejemplo de adaptación nacional.
