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El texto argumenta que la Ley No. 172-13 de protección de datos personales de la República Dominicana ha quedado rezagada frente a la realidad digital. El autor identifica sus principales vacíos: un enfoque analógico, la falta de tratamiento del procesamiento transfronterizo, la ausencia de un regulador especializado y de mecanismos efectivos de supervisión. Propone que una nueva norma incorpore el derecho a la portabilidad de datos, la obligación de notificar brechas de seguridad a los titulares y a la autoridad, y exigencias de cumplimiento como políticas de gestión y auditorías internas periódicas.
