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El artículo describe cómo la liberalización de los mercados energéticos europeos y su creciente financiarización han generado un entramado regulatorio que superpone normas sectoriales de energía, como REMIT y su revisión REMIT II, con normas financieras como MiFID II y EMIR. Los autores señalan que ambos regímenes persiguen finalidades distintas —la estabilidad sistémica frente a la transparencia y la seguridad física del suministro—, lo que produce solapamientos e incertidumbre para las empresas activas a la vez en mercados físicos y financieros. También examinan el efecto del Pacto Verde Europeo, la Ley Europea del Clima y el paquete Fit for 55, que aumentan la volatilidad de precios y la necesidad de cobertura mediante derivados. Concluyen defendiendo una simplificación y una mayor coordinación entre la supervisión energética y la financiera.