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El artículo aborda el rol del Encargado de Prevención de Delitos en los modelos exigidos por la Ley N°20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los autores argumentan a favor de designar un EPD externo por la independencia y objetividad que aporta, y recomiendan un perfil con formación en derecho penal, capaz de anticipar cómo evaluarán las autoridades la eficacia del modelo. Añaden que el encargado debe apoyarse en un equipo multidisciplinario y mantener una relación directa y periódica con la alta administración.
