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La autora sostiene que la formación permanente y la especialización dejaron de ser un lujo para convertirse en una necesidad del ejercicio profesional, ante un derecho que evoluciona con los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Argumenta que el abogado debe responder a tres ejes —el cliente, la sociedad y la administración— y que la pandemia de 2020 democratizó el acceso a diplomados, congresos y certificaciones internacionales por vía digital. Concluye que la educación continua es también un compromiso ético con la profesión, además de una herramienta de competitividad y de construcción de redes de contacto.
