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El artículo sostiene que la seguridad jurídica es el principal activo para gestionar el riesgo en el dinamismo inmobiliario salvadoreño. El autor advierte contra el error de asumir que una certificación registral positiva basta para comprar y enumera los elementos que debe cubrir un due diligence: cadena de titularidad, gravámenes, servidumbres, análisis catastral y municipal, permisos ambientales y de construcción y contratos relacionados con el inmueble. Plantea que el abogado inmobiliario acompaña hoy toda la vida de la inversión y que una estructura legal sólida facilita el financiamiento y agrega valor al proyecto.
