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El artículo revisa los factores estructurales, económicos e institucionales que han frenado la infraestructura venezolana y el rezago de su normativa frente a las asociaciones público-privadas, la digitalización y la regulación ambiental. El autor propone tomar como referencia la Ley 1508 de 2012 colombiana y el modelo chileno de concesiones, y plantea una reforma integral de la Ley de Contrataciones Públicas y del Decreto-Ley sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones. Sugiere incorporar arbitraje internacional, Dispute Boards, licitaciones digitalizadas y la metodología BIM, ya obligatoria o en desarrollo en Chile, Perú, Colombia y Brasil, y subraya que toda reforma exige antes restablecer la seguridad jurídica.