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El texto plantea al atleta como una unidad económica que requiere una arquitectura jurídica propia para explotar su nombre, imagen y voz. Los autores señalan que en Panamá la protección está fragmentada entre la Ley 81 de 2019 sobre datos personales, la Ley 64 de 2012 sobre derecho de autor y la Ley 35 de 1996 en materia de marcas, y la comparan con el right of publicity estadounidense y la doctrina constitucional española. Recomiendan licencias delimitadas por finalidad, territorio, duración y categoría de producto, con cláusulas morales recíprocas y un vehículo societario adecuado según la residencia fiscal.