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El artículo analiza el sistema portugués de cuotas de empleo para personas con discapacidad establecido por la Ley n.º 4/2019, que obliga a las empresas de 75 o más trabajadores a reservar entre el 1% y el 2% de su plantilla. Las autoras critican que el umbral del 60% de grado de discapacidad excluya a numerosos candidatos y dificulte el cumplimiento de las cuotas, y señalan la carga burocrática asociada al Certificado Multiusos de Discapacidad. Comparan el régimen con el español, más flexible por aplicarse desde un 33% de discapacidad y por admitir medidas alternativas, y concluyen que Portugal debería evolucionar hacia un sistema más flexible.
