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El texto examina el papel de la inteligencia artificial en las investigaciones de criminalidad económica y corporativa, donde el desafío ya no es la escasez de información sino su volumen, dispersión y velocidad. El autor describe su utilidad para detectar pagos atípicos en contratación pública, inconsistencias contables, operaciones circulares, beneficiarios finales ocultos y flujos transnacionales inusuales, pero advierte que su uso sin gobernanza adecuada puede producir sesgos, falsos positivos y conclusiones no verificables. Apoyándose en la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional, el CONPES 4144 de 2025 y el Acuerdo PCSJA24-12243 del Consejo Superior de la Judicatura, sostiene que la tecnología no sustituye el juicio jurídico ni diluye la responsabilidad profesional de quien la emplea.
