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El artículo analiza por qué Bolivia es uno de los países de la región que menos inversión minera extranjera ha recibido en las últimas dos décadas. Los autores repasan las restricciones acumuladas desde la sentencia constitucional que impidió transferir o gravar concesiones mineras, la Constitución de 2009 y el régimen de contratos mineros administrativos, así como las limitaciones de los artículos 351 y 357 al uso de los derechos mineros como colateral. Sostienen que instituciones como el amparo administrativo han devenido inútiles y concluyen que atraer inversión exigirá reformas constitucionales y legales de fondo.
