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El artículo evalúa por qué la Real Estate Agency Act, 2020 (Act 1047) de Ghana apenas ha tenido efecto pese a establecer un marco sólido. Los autores recuerdan que antes de la ley el sector operaba sin regulación y que la evaluación nacional de riesgos de 2018 lo identificó como una actividad muy vulnerable al blanqueo de capitales, lo que llevó a crear el Real Estate Agency Council, a exigir transacciones sin efectivo y a imponer reportes trimestrales de prevención. Describen la lentitud de la implantación: el consejo se constituyó en noviembre de 2021, la sede no entró en funcionamiento hasta abril de 2024 y el registro de profesionales solo comenzó en julio de 2025, mientras las medidas antiblanqueo siguen sin aplicarse. Concluyen que, aunque la calificación de riesgo del sector ha mejorado bajo los estándares GIABA/FATF, hacen falta apoyo estatal, licenciamiento generalizado, una base de datos de debida diligencia y la eliminación efectiva del efectivo.
