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El artículo examina el papel de la prueba en los recursos de apelación ante la Contraloría General de la República en materia de contratación pública. El autor explica, con apoyo en las resoluciones R-DCP-SICOP-00804-2026 y R-DCP-SICOP-00923-2026, que no basta con manifestar desacuerdo con la adjudicación: el recurrente debe identificar el vicio, acreditar su legitimación, demostrar su mejor derecho y vincular cada elemento probatorio con sus alegatos. Advierte que adjuntar documentos extensos sin explicar su utilidad es un error frecuente, pues cargar anexos no equivale a probar.
